El servicio de justicia es un pilar fundamental en una sociedad democrática y, bajo ninguna circunstancia, puede negarse a la población. Cualquier afectación a este derecho constituye una violación directa a los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales.
Las medidas dispuestas por el gremio judicial perjudican gravemente a la ciudadanía, generando retrasos en la resolución de conflictos, impidiendo el acceso a la justicia y obstaculizando los mecanismos de reparación que deben garantizarse a quienes han sufrido un daño. Además, vulneran la seguridad jurídica de los habitantes de nuestra provincia e impactan de manera desfavorable en las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
El acceso efectivo a la justicia es una obligación inherente del Estado de Derecho. Por ello, ante las medidas adoptadas por el sindicato SEJUN, instamos a las autoridades a implementar de manera urgente los mecanismos necesarios para mitigar el impacto de esta situación, evitando así mayores perjuicios a la población.
Es inadmisible que los ciudadanos, que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad, tengan que sufrir aún más debido a un paro o una vía de hecho. Es responsabilidad de todos los actores garantizar que el sistema judicial funcione y se protejan los derechos de las personas. Este obstáculo no solo es injusto, sino que también socava la confianza de la sociedad en las instituciones que deberían velar por la justicia y la equidad.