JUSTICIA DEMORADA, JUSTICIA DENEGADA: EL COLEGIO DE ABOGADOS INSTA A UNA SOLUCIÓN URGENTE ANTE LOS PAROS JUDICIALES
Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Neuquén manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias de las medidas de fuerza que afectan el funcionamiento de la Justicia. Advertimos sobre el perjuicio que generan a la ciudadanía y a los profesionales independientes e instamos al Tribunal Superior de Justicia a adoptar medidas que permitan garantizar la prestación del servicio.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad de las medidas de fuerza de los trabajadores judiciales y las consecuencias que estas generan sobre el acceso a la Justicia, especialmente en un período crítico como el cierre del año judicial y la proximidad de la feria de enero.
Respetamos el derecho de los trabajadores judiciales a peticionar por sus condiciones laborales. Sin embargo, no podemos convalidar que el ejercicio de ese derecho implique la paralización reiterada de un servicio esencial para la ciudadanía.
La administración de Justicia no es un servicio que pueda interrumpirse sin consecuencias. Cada jornada sin actividad judicial representa una demora en el ejercicio de derechos fundamentales y perjudica directamente a quienes necesitan una respuesta del Estado.
Las consecuencias de los paros recaen principalmente sobre las personas que recurren a la Justicia para resolver situaciones que afectan su vida cotidiana: madres que esperan el cobro de cuotas alimentarias para sus hijos, trabajadores despedidos o accidentados que reclaman indemnizaciones, víctimas de accidentes de tránsito y ciudadanos que necesitan resolver conflictos contractuales, familiares o patrimoniales.
A esta situación se suma el perjuicio que sufrimos miles de abogados y abogadas que ejercemos la profesión de manera independiente, sin ingresos fijos, aguinaldo ni remuneraciones garantizadas, y que vemos paralizada nuestra actividad profesional y demorado el cobro de nuestros honorarios.
Consideramos que ningún reclamo sectorial, por legítimo que sea, puede desarrollarse a costa de quienes más necesitan de la Justicia. La utilización reiterada de la interrupción del servicio judicial como herramienta de presión refleja un corporativismo insolidario que desatiende las consecuencias que estas medidas provocan sobre el resto de la sociedad.
Debemos recordar que la Constitución Nacional garantiza el derecho de defensa en juicio y que los tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de las personas a obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable. Estas garantías no pueden quedar suspendidas como consecuencia de un conflicto laboral.
Nuestra preocupación adquiere especial relevancia ante la proximidad de la feria judicial de enero, ya que las demoras acumuladas durante las últimas semanas podrían traducirse en meses adicionales de espera para quienes tienen procesos en trámite.
Frente a este escenario, instamos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén a intervenir con urgencia y adoptar medidas concretas que permitan recuperar la actividad judicial y superar los atrasos acumulados.
Entre las alternativas que consideramos necesarias evaluar se encuentran la extensión de los horarios de trabajo, la suspensión de la feria judicial de enero para magistrados y funcionarios, o la implementación de cualquier otra medida eficaz que permita garantizar una respuesta adecuada a la ciudadanía.
Entendemos que el funcionamiento de la Justicia constituye una responsabilidad indelegable del Estado y que su continuidad debe estar por encima de cualquier conflicto sectorial.
La Justicia pertenece a la ciudadanía y existe para garantizar sus derechos. Ningún reclamo puede desentenderse del perjuicio que provoca sobre quienes esperan una respuesta judicial. Porque justicia demorada es justicia denegada.
